PARTE 2: LA AUDITORÍA QUE DIEGO JAMÁS DEBIÓ PEDIR

Raquel dejó de reír.

—Eva, no le expliques absolutamente nada.

—No pensaba hacerlo.

—Y deja que su abogado solicite la auditoría.

Aquello fue exactamente lo que hice.

Durante las siguientes semanas, Diego desfiló por casa como un millonario recién coronado.

Compró un reloj de dieciocho mil euros.

Reservó un deportivo.

Incluso alquiló un ático frente al mar.

Yo firmé la recepción de la demanda sin discutir.

Diego interpretó mi silencio como derrota.

El día de la audiencia final llegó acompañado por su abogado y una mujer veinte años más joven que nosotros.

No necesitaba preguntar quién era.

Raquel apenas levantó una ceja.

—Qué previsible.

La audiencia comenzó con el premio.

El abogado de Diego insistió en separar hasta el último euro posible.

Después llegó el turno de mi patrimonio.

—Señora Valdés —dijo el juez—, debemos revisar sus bienes privativos.

Raquel abrió la primera carpeta.

Mi padre me había transferido antes de mi matrimonio participaciones en Corporación Industrial y Logística Valdés.

Diego sonrió.

Todavía creía que hablábamos de aquellas “chatarrerías”.

Entonces Raquel empezó a enumerar.

Tres plantas de reciclaje industrial.

Dos centros logísticos.

Participaciones en almacenes portuarios.

Naves industriales en Valencia, Castellón y Tarragona.

Terrenos arrendados a operadores internacionales.

La sonrisa de Diego desapareció.

—¿Valor estimado? —preguntó el juez.

Raquel entregó el informe.

—Algo más de cuarenta y ocho millones de euros en activos vinculados a la participación privativa de mi representada.

Diego se giró hacia mí.

—¿Cuarenta y ocho millones?

No respondí.

El juez continuó.

—¿Y los rendimientos anuales?

Raquel abrió otra carpeta.

—Durante el último ejercicio, la señora Valdés percibió 3,7 millones de euros entre dividendos, arrendamientos y distribuciones societarias.

Diego parecía incapaz de respirar.

—Eso no puede ser.

Raquel lo miró.

—Usted pidió la auditoría.

La mujer que lo acompañaba dejó lentamente de tocarle el brazo.

El juez revisó varias páginas.

—Estos bienes fueron adquiridos o recibidos antes del matrimonio y posteriormente protegidos mediante capitulaciones matrimoniales firmadas por ambas partes.

Diego palideció aún más.

Él había firmado aquellas capitulaciones diecisiete años atrás sin leerlas.

Porque entonces estaba convencido de que yo no tenía nada.

Su abogado le susurró algo desesperadamente.

Diego levantó la mano.

—Señoría… espere.

El juez lo miró.

—¿Sí?

Diego tragó saliva.

—¿Todavía puedo retirar la demanda de divorcio?

La sala quedó en silencio.

Raquel me miró.

Yo miré a Diego.

—Yo no quiero retirarla.

Su rostro se derrumbó.

Pero todavía faltaba algo.

Raquel colocó sobre la mesa el sobre de Corporación Valdés que Diego había llamado basura fiscal.

—Además, debemos informar de una operación detectada durante la auditoría solicitada por el señor.

Diego frunció el ceño.

Tres años antes, alguien había utilizado mi firma digital para garantizar una deuda de 6,2 millones de euros contra una de mis sociedades.

Yo nunca había autorizado aquella garantía.

—¿Quién solicitó el préstamo? —preguntó el juez.

Raquel respondió:

—Una sociedad llamada Levante Capital XXI.

Diego dejó de moverse.

Lo conocía.

La empresa estaba administrada por su hermano.

Pero el dinero no había terminado allí.

Había sido transferido a varias cuentas hasta llegar a una sociedad inmobiliaria.

Su beneficiario real era Diego.

—Eva, puedo explicarlo.

—Eso espero.

Porque la auditoría que él mismo había exigido acababa de descubrir indicios de falsificación y ocultación patrimonial.

Entonces Raquel deslizó hacia mí el último documento.

—Hay otra cosa.

Era un antiguo acuerdo firmado por mi padre.

Reconocí inmediatamente su firma.

—¿Qué es?

—Un préstamo privado concedido hace dieciocho años.

Leí el nombre del prestatario.

El padre de Diego.

La cantidad original había sido de 900.000 euros.

Nunca se devolvió.

Pero la garantía no era una vivienda.

Era una participación empresarial.

Raquel señaló la cláusula final.

—Si la deuda permanecía impagada al fallecimiento del prestatario, esas participaciones pasaban a tu padre y, posteriormente, a sus herederos.

Sentí que Diego se quedaba completamente inmóvil.

—¿Participaciones de qué empresa?

Raquel giró el documento.

Entonces entendí por qué Diego había intentado utilizar mi firma para mover millones en secreto.

La garantía era el cuarenta y nueve por ciento de Levante Capital XXI.

La misma empresa que su hermano creía controlar.

Legalmente, aquellas acciones podían pertenecerme a mí.

Pero había una última firma como testigo del acuerdo.

No era la de Diego.

Era la de mi madre.

La mujer que llevaba dieciséis años diciéndome que jamás había conocido a la familia de mi esposo antes de nuestra boda.

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